Un juez federal eliminó el miércoles un obstáculo legal clave que estancaba el plan del presidente Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal con un programa de renuncia diferida.
La orden del juez con sede en Boston en la impugnación presentada por un grupo de sindicatos fue una victoria legal significativa para el presidente republicano después de una serie de reveses en los tribunales .
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Otro grupo de sindicatos presentó una demanda en Washington, DC, el miércoles por la noche, aunque sus posibles consecuencias no quedaron inmediatamente claras.
Unos 75.000 trabajadores federales aceptaron la oferta de renunciar a cambio de recibir su salario hasta el 30 de septiembre, según McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de Gestión de Personal. Ella dijo que el programa de renuncia diferida “ofrece beneficios generosos para que los trabajadores federales puedan planificar su futuro”, y que ahora estaba cerrado para más trabajadores.
El presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Everett Kelley, dijo en una declaración que los abogados del sindicato están evaluando los próximos pasos.
“La decisión de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia para los funcionarios públicos”, dijo Kelley. “Pero no es el final de esa lucha. Es importante destacar que esta decisión no abordó la legalidad subyacente del programa”.
El sindicato sigue sosteniendo que es ilegal obligar a los ciudadanos estadounidenses a tomar una decisión, en pocos días, sin la información adecuada, sobre “si desarraigar a sus familias y abandonar sus carreras a cambio de lo que equivale a un pagaré sin fondos de Elon Musk”, afirma el comunicado.
El juez de distrito de los Estados Unidos George O’Toole Jr. en Boston determinó que los sindicatos no se vieron afectados directamente, por lo que no tenían capacidad legal para impugnar el programa, comúnmente descrito como una compra. O’Toole fue nominado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
El programa de dimisiones diferidas ha sido encabezado por Elon Musk, quien se desempeña como el principal asesor de Trump para reducir el gasto federal. Según el plan, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir su salario hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos argumentaron que el plan es ilegal y pidieron a O’Toole que lo mantenga en suspenso y evite que la Oficina de Administración de Personal, u OPM, solicite a más trabajadores que se inscriban.
Un abogado del Departamento de Justicia ha calificado el plan como una “salida humanitaria” para los empleados federales que pueden haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y a los que se les ha ordenado regresar a las oficinas gubernamentales.
