BOSTON (AP) — La firma consultora McKinsey & Company acordó pagar 650 millones de dólares para resolver una investigación federal sobre su trabajo para ayudar al fabricante de opioides Purdue Pharma a aumentar las ventas del fármaco altamente adictivo OxyContin, según documentos judiciales presentados en Virginia el viernes.
Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, McKinsey evitará ser procesado por cargos criminales si paga la suma y cumple ciertas condiciones durante cinco años, incluyendo el cese de cualquier trabajo en la venta, comercialización o promoción de sustancias controladas.
Un ex socio principal de McKinsey, Martin Elling, también aceptó declararse culpable de obstrucción a la justicia por borrar documentos de su computadora portátil después de enterarse de las investigaciones sobre Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin que era cliente en ese momento, según los documentos. Un abogado de Elling se negó a hacer comentarios el viernes.
McKinsey dijo en un comunicado el viernes que está “profundamente arrepentido” por su trabajo para Purdue Pharma.
“Deberíamos haber comprendido el daño que los opioides estaban causando en nuestra sociedad y no deberíamos haber realizado trabajos de ventas y marketing para Purdue Pharma”, afirmó la empresa. “Esta terrible crisis de salud pública y nuestro trabajo anterior para los fabricantes de opioides siempre serán motivo de profundo arrepentimiento para nuestra firma”.
Se trata del último esfuerzo de los fiscales federales para responsabilizar a las empresas que, según los funcionarios, contribuyeron a alimentar la crisis de adicción y sobredosis en Estados Unidos, en la que los opioides se relacionan con más de 80.000 muertes anuales en algunos años recientes. Durante la última década, la mayoría de ellas se han atribuido al fentanilo ilícito, que se mezcla con muchas drogas ilegales. Al principio de la epidemia, las pastillas recetadas eran la principal causa de muerte.
En los últimos ocho años, los fabricantes de medicamentos, los mayoristas y las farmacias han acordado acuerdos con los gobiernos por un valor de aproximadamente 50 mil millones de dólares, y la mayor parte de ese dinero se utilizará para combatir la crisis .
Purdue pagó a McKinsey más de 93 millones de dólares a lo largo de 15 años por varios productos, entre ellos, información sobre cómo mejorar los ingresos de OxyContin. Los fiscales afirman que McKinsey “conocía los riesgos y los peligros” de OxyContin y sabía que los ejecutivos de Purdue Pharma se habían declarado culpables previamente de delitos relacionados con la promoción del fármaco, pero decidieron trabajar con el fabricante de opioides de todos modos.
Según los documentos, una de las tareas de McKinsey era identificar qué médicos generarían más recetas adicionales si los vendedores de Purdue se concentraban en eso. Eso dio como resultado recetas que “no eran para una indicación médicamente aceptada, eran inseguras, ineficaces y médicamente innecesarias, y que a menudo se desviaban para usos que carecían de un propósito médico legítimo”, según el expediente.
“No se trata de una hipótesis”, dijo Christopher Kavanaugh, fiscal federal del distrito oeste de Virginia, en una conferencia de prensa en Boston el viernes. “No se trata de una mera estrategia de marketing. Se ejecutó y funcionó”.
Durante el trabajo para “impulsar” las ventas de Purdue en 2013 tras una caída en el negocio, los consultores de McKinsey acompañaron a los representantes de ventas de Purdue en visitas a prescriptores y farmacias para recopilar información. En una nota sobre uno de los viajes, un consultor de McKinsey dijo que un farmacéutico tenía un arma “y temblaba; el abuso es definitivamente un gran problema”. La empresa siguió buscando formas de aumentar las ventas de OxyContin, según los documentos judiciales.
En 2014, McKinsey identificó algunas clínicas pequeñas que recetaban más opioides que sistemas hospitalarios enteros, y sugirió que se las atacara para vender más, según el expediente judicial.
La empresa también intentó ayudar a Purdue a tener voz y voto en la elaboración de normas federales destinadas a garantizar que los beneficios de los medicamentos recetados que generan adicción superasen los riesgos. El gobierno dijo en sus nuevos documentos que eso dio como resultado que el OxyContin en dosis altas estuviera sujeto a la misma supervisión que los opioides en dosis más bajas y que la capacitación para los prescriptores fuera voluntaria en lugar de obligatoria.
Desde 2021, McKinsey acordó pagar a los gobiernos estatales y locales alrededor de 765 millones de dólares en acuerdos por su papel en asesorar a las empresas sobre cómo vender más de los potentes analgésicos recetados en medio de una crisis nacional de opioides.
La firma también acordó el año pasado pagar a los fondos de atención médica y a las compañías de seguros 78 millones de dólares.
Las autoridades federales dicen que el acuerdo representa la primera vez que una empresa de consultoría de gestión es responsabilizada de esta manera por aconsejar a un cliente que infrinja la ley.
“Si un consultor primero conspira con un cliente para participar en una conducta delictiva, el hecho de que usted sea un consultor externo no lo protegerá”, dijo Joshua Levy, Fiscal Federal de Massachusetts.
Algunos defensores dicen que la crisis de los opiáceos se desencadenó cuando OxyContin de Purdue Pharma llegó al mercado en 1996.
En 2007, tres ejecutivos de Purdue se declararon culpables de cargos de etiquetado incorrecto y la empresa aceptó pagar una multa. La empresa se declaró culpable de cargos penales en 2020 y aceptó pagar 8.300 millones de dólares en multas y decomisos, la mayoría de los cuales se condonarán siempre que ejecute un acuerdo a través de un tribunal de quiebras que todavía está en trámite .
