Un juez federal ordenó al departamento de salud del país que deje de dar a los funcionarios de deportación acceso a la información personal, incluidas las direcciones de los domicilios, de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. entregó por primera vez los datos personales de millones de beneficiarios de Medicaid en unos pocos estados en junio. Tras un informe de Associated Press que identificó la nueva política, 20 estados presentaron una demanda para detener su implementación.
En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid firmaron un nuevo acuerdo que otorgaba al Departamento de Seguridad Nacional acceso diario para consultar los datos personales, incluidos los números de Seguro Social y la dirección particular, de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país. Ninguno de los dos acuerdos se anunció públicamente.
La extraordinaria divulgación de dichos datos personales de salud a funcionarios de deportación en el marco de la amplia campaña antimigratoria de la administración Trump provocó inmediatamente la demanda por preocupaciones sobre la privacidad.
El intercambio de datos de Medicaid forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para proporcionar al DHS más datos sobre migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio de Impuestos Internos ( IRS) compartiera los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
La orden, emitida por el juez federal Vince Chhabria en California, impide temporalmente que el departamento de salud comparta datos personales de los afiliados en esos 20 estados, que incluyen California, Arizona, Washington y Nueva York.
“El uso de datos del CMS para la aplicación de las leyes migratorias amenaza con perturbar significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso ha considerado crucial para brindar cobertura sanitaria a los residentes más vulnerables del país”, escribió Chhabria en su decisión, emitida el martes.
Chhabria, designado por el presidente Barack Obama, dijo que la orden permanecerá en vigor hasta que el departamento de salud describa una “toma de decisiones razonada” para su nueva política de compartir datos con los funcionarios de deportación.
Un portavoz del Departamento de Salud Federal se negó a responder directamente si la agencia dejaría de compartir sus datos con el DHS. El HHS ha mantenido que su acuerdo con el DHS es legal.
Los inmigrantes que no residen legalmente en EE. UU., así como algunos inmigrantes con residencia legal, no pueden inscribirse en el programa Medicaid, que ofrece cobertura prácticamente gratuita de servicios de salud. Sin embargo, la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que cubre únicamente los servicios vitales en salas de emergencia para cualquier persona, incluso para ciudadanos no estadounidenses. Medicaid es un programa financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.
Los defensores de la inmigración han afirmado que la divulgación de datos personales podría generar alarma entre quienes buscan atención médica de emergencia para sí mismos o sus hijos. Otros esfuerzos para combatir la inmigración ilegal han hecho que escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen ser detenidos en una redada.
“Proteger la información médica privada de las personas es de vital importancia”, declaró el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown. “Y todos deberían poder acceder a atención médica sin temor a lo que el gobierno federal pueda hacer con esa información”.
