Los manifestantes bloquearon la entrada a la Cámara Baja de México el martes, lo que llevó al partido gobernante a reunirse en un gimnasio para votar una nueva y polémica ley para elegir directamente a los jueces.
Los manifestantes en Ciudad de México, muchos de los cuales trabajan en el poder judicial, expresaban su enojo por el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de despedir a más de 1.600 jueces federales, incluidos los de la Corte Suprema, y reemplazarlos mediante elecciones públicas.
En respuesta, los legisladores del partido gobernante Morena convocaron a una sesión en un complejo deportivo en el oriente de la capital. Estaban sentados en sillas plegables discutiendo los cambios que han provocado el rechazo de inversores y potencias extranjeras, incluido Estados Unidos. El martes podría celebrarse una votación en la cámara baja, momento en el que los cambios constitucionales pasarían al Senado.
“Hoy la burocracia ignoró a cientos de trabajadores del poder judicial”, escribió en X Jorge Romero, legislador opositor del Partido Acción Nacional (PAN), calificando los cambios de “destructivos”. “Vivimos en un México sin diálogo”.
Los jueces y trabajadores judiciales han estado en huelga por las reformas desde el mes pasado, y grupos y organizaciones legales internacionales advierten que la independencia judicial e incluso la democracia están en riesgo. El martes, los jueces de la Corte Suprema del país votaron 8-3 a favor de unirse a la huelga.
El partido Morena del izquierdista López Obrador tendrá una casi supermayoría en el Congreso durante su último mes en el cargo. Está impulsando la reforma como parte de un paquete de cambios que remodelarían el Estado mexicano.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo en octubre, ha respaldado sus planes, argumentando que reducirá la corrupción en el poder judicial y disminuirá el control político sobre él.
“Esta reforma se está dando, porque eso es lo que decidió el pueblo mexicano en las urnas. Pedimos disculpas a las personas que no están de acuerdo con nuestro trabajo . . . Tenemos un contrato social”, dijo el martes Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara Baja.
Según las nuevas reglas, los abogados que quieran presentarse a las elecciones para ser jueces deben tener calificaciones mínimas en la escuela, un título en derecho y cinco años de experiencia relevante. A los candidatos se les asignarán espacios publicitarios en radio y televisión y no se les permitirá financiamiento público o privado, aunque las elecciones mexicanas regulares generalmente se financian con dinero en efectivo que no está auditado.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que el plan suponía un riesgo para la democracia y el comercio bilateral y facilitaría a los cárteles comprar influencia en los tribunales.
López Obrador calificó los comentarios de intervencionismo “irrespetuosos” y dijo que la relación con la embajada de su mayor socio comercial estaba en “pausa”.
Dos jueces emitieron fallos la semana pasada que tenían como objetivo pausar o ralentizar el proceso legislativo. Monreal dijo que Morena ignoraría los fallos porque no eran válidos.