La primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre, y durante al menos la primera mitad de su mandato de seis años, la coalición de partidos que la llevaron al poder tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La primera tarea de Sheinbaum será definir el presupuesto del gobierno para 2025. Aquí, la máxima prioridad debe ser reducir el déficit presupuestario de México –que alcanzará el 5,8% del PIB en 2024, en comparación con el 2% en 2018– y así enviar una señal clara de que la deuda del país es sostenible.
El próximo desafío será lograr que la economía vuelva a crecer. Bajo la administración saliente de Andrés Manuel López Obrador (ampliamente conocido como AMLO), el crecimiento anual del PIB promedió sólo el 1,1%. Algunos podrían afirmar que el lento crecimiento fue resultado de la pandemia de COVID-19, no de las políticas del gobierno, pero durante el mismo período, Estados Unidos –el mayor socio comercial de México– creció dos veces más rápido. El ingreso per cápita de México en 2024 será el mismo que hace seis años.
Para impulsar el crecimiento, se le dirá a Sheinbaum que debería tratar de aprovechar el impulso de muchos países occidentales, incluido Estados Unidos, hacia el “near-shoring”, es decir, trasladar las cadenas de suministro a países que sean más amigables y/o geográficamente más cercanos. que China. Esta tendencia –una reacción tanto a la pandemia como a las crecientes tensiones con China– podría presentar una importante oportunidad para que México atraiga más inversión extranjera.
Pero para aprovecharlo, el gobierno debe demostrar un mayor compromiso con el Estado de derecho, incluida la independencia judicial. También debe ampliar el acceso y mejorar la confiabilidad del suministro de energía en todo México. En los últimos meses, el país ha sufrido continuos apagones, resultado de un sistema sobrecargado que opera con márgenes reducidos.
El imperativo energético será particularmente difícil de cumplir. La buena noticia es que hay un margen significativo para que México haga uso de las energías renovables y que Sheinbaum está comprometida a ampliar la capacidad de energía renovable. La mala noticia es que está comprometida a mantener la promesa de su predecesor de mantener al menos el 54% de la generación de electricidad bajo control estatal. Será muy difícil cumplir esta promesa a menos que la compañía eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad, aumente rápidamente su capacidad de generación y al mismo tiempo elimine gradualmente el carbón y el diésel.
Más allá de la electricidad, México también necesita más gas natural. Sin embargo, su empresa estatal de petróleo y gas, Pemex –la compañía energética más endeudada del mundo– no está bien posicionada para aumentar el suministro rápidamente. Ante esto, la mejor apuesta de México es abrir la producción y el transporte a participantes privados.
El predecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, intentó hacer precisamente eso. Pero AMLO revirtió la mayor parte del progreso. Ahora, Sheinbaum debe decidir entre mantener la posición dominante de Pemex –lo que ejercerá más presión sobre un presupuesto federal ya tenso– o revertir la política de AMLO.
Desafortunadamente, incluso si todo va bien y la administración de Sheinbaum logra aprovechar el nearshoring y aumentar el atractivo de México para las empresas extranjeras, esto aún sería insuficiente para impulsar el crecimiento. En las tres décadas previas a la presidencia de AMLO, el crecimiento anual del PIB de México promedió apenas entre 2% y 2,5%. Se trata de un desempeño muy mediocre, dado que durante este período México disfrutó de un dividendo demográfico, un entorno macroeconómico estable y un crecimiento espectacular de las exportaciones manufactureras (que, con un 40% del PIB, ahora superan las del resto de América Latina combinada). Pero nada de esto pudo superar los efectos del estancamiento de la productividad.
En la raíz de este estancamiento hay profundas fallas en el diseño y funcionamiento de instituciones clave. En particular, el sistema de protección social de México subsidia las actividades informales e impone grandes costos a las formales; su sistema fiscal subsidia a las empresas improductivas y obstaculiza el crecimiento de las pequeñas y productivas; y las deficiencias en el cumplimiento de los contratos dejan a la mayoría de las empresas sin acceso al crédito.
En México, las empresas informales menos productivas pueden competir con las formales más productivas, gracias a menores cargas tributarias y costos laborales, y a la capacidad de eludir reglas y leyes. Como resultado, sólo unas pocas empresas de alta productividad crecen, mientras que un número mucho mayor de empresas de baja productividad sobreviven, en lugar de ser expulsadas del mercado.
Esto significa que la inversión se desperdicia continuamente: un peso (de capital y trabajo) produce más del 35% más de valor agregado en el sector formal que en el sector informal. Y si bien se crean empleos constantemente, estos se concentran en el improductivo sector informal. Esta situación ha persistido a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su sucesor, el Tratado Comercial Estados Unidos-México-Canadá. ¿Por qué cambiaría esto el nearshoring?
Nada de esto pretende argumentar que Sheinbaum no debería intentar hacer que México sea más atractivo para la inversión extranjera. Por supuesto que debería hacerlo. Pero si el objetivo es un crecimiento inclusivo, como afortunadamente Sheinbaum insiste, tendrá que ir mucho más allá.
Sheinbaum debe abandonar dos ideas arraigadas pero profundamente erróneas: que la informalidad desaparecerá naturalmente a medida que se acelere el crecimiento, y que dos sistemas diferentes y desiguales de protección social promoverán la inclusión social. En lugar de ello, debe comprometerse a eliminar los incentivos perversos que surgen del tratamiento desigual de las actividades formales e informales, incluida la reforma del sistema tributario para gravar a los hogares de altos ingresos, no a las empresas productivas.
México es un país con desigualdades profundamente arraigadas, donde la productividad se ha estancado durante décadas. Necesita una estrategia para abordar ambas cuestiones al mismo tiempo. Dejando a un lado la retórica, la estrategia de desarrollo de AMLO fue, en esencia, la misma que la de sus predecesores: ninguno de los cuales logró un crecimiento socialmente inclusivo. Más de las mismas políticas traerán más de los mismos resultados. Pero si Sheinbaum está dispuesta a abordar la división formal-informal y construir un Estado de bienestar inclusivo y favorable a la productividad, su presidencia podría resultar verdaderamente transformadora.
